
Todos queríamos haber visto en chirona al niñato de la agresión a la ecuatoriana y no ha sido así. Pero seamos sinceros, lo que tiene de excepcional este caso es el tratamiento mediático, las perfectas imágenes repetidas hasta la saciedad en televisión, opio del pueblo. Estadísticamente, sólo en Cataluña se registra una denuncia por actos xenófobos cada dos días y según la asociación SOS Racismo, que recogió 158 casos en 2006, 89 de ellos fueron agresiones. Sin ser un habilidoso matemático se puede calcular que en España se producen miles de ataques de este tipo al año. Aún así, si comparamos con otros países europeos o americanos, podemos asegurar que España no pertenece al grupo de países que ocupan los primeros puestos del deplorable ranking del racismo en el mundo. Lo triste es que no es difícil escalar posiciones en esta clasificación y si no ponemos remedios ya, los escalaremos en muy pocos años.
Sólo por eso, por ser un caso hiperdifundido mediáticamente, por el "escándalo" social que ha producido, el juez debería haber mandado a prisión a este energúmeno. Sin embargo, el juez no ha tenido en cuenta esta presión y entiende que al no existir riesgo de fuga y que el ataque es un hecho puntual y no una situación continuada, no debe decretar prisión preventiva. Pues bien, no puedo por menos que felicitarme de que haya jueces que actúen de esta manera, sin ser seducidos por la presión mediática. Creo que Eduardo Gómez, que así se llama el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha actuado de una forma valiente y honesta. Y le felicito por ello.
Como reflexión final a este asunto -y muy brevemente-, creo que el problema del racismo en España es aún un embrión. Hay que atajarlo ya y no esperar a que se desarrolle y se nos escape de la mano. Las medidas que pueden contribuir a ello no son sólo judiciales sino, fundamentalmente, de política de inmigración. Hay que diseñar un plan de acción, de "filtrado" de inmigrantes de manera que no pueda entrar aquí todo el que quiera sino el que venga a trabajar y quiera salir adelante honradamente. Y hay muchas formas de hacerlo, algo que ni el PP abordó en los ocho años que gobernó ni, por supuesto, el PSOE está haciendo en estos últimos años. Más bien al contrario pues con las "leyes Caldera" se ha producido un efecto llamada que ha identificado nuestro país con el paraíso del emigrante y, por desgracia, del delincuente también.
Sin embargo, el título de esta entrada se refiere más al tejemaneje judicial que estamos contemplando en los últimos días. La Justicia se está convirtiendo en un juguete que unos y otros utilizan en función de sus intereses. En las últimas semanas hemos asistido al bochornoso espectáculo de un Gobierno que toma una sorprendente decisión para romper en su favor el equilibrio del Tribunal Constitucional. Días después, como reacción, el Partido Popular recusa a otro puñado de jueces para contrarrestar la jugada del Gobierno (otro enlace).
No sé si la reacción del PP, aunque lógica, es correcta. La jugada del PSOE es reflejo de su catadura moral y digna de gobiernos bananeros. ¿La consecuencia? Todo nuestro sistema judicial, una vez más, puesto en entredicho. Ya hace tiempo que escribí cuál es mi opinión en materia de Justicia y de su aplicación pero lo recuerdo resumido: Necesitamos imperiosamente separar el poder judicial del ejecutivo. Hemos de convertir al poder judicial en una estructura independiente, que no se pliegue a los caprichos de ningún gobierno ni partido político. Los propios jueces piden alejarse del gobierno, sobre todo del ministro de justicia más absurdo y manipulador de los últimos años. Y, por supuesto, necesitamos cambiar nuestro código penal para endurecerlo y convertirlo así en una verdadera herramienta eficaz.