El juguete de la Justicia

Hay ocasiones en las que cualquiera de nosotros opinamos, que para eso estamos, pero lo hacemos sin los conocimientos suficientes del tema opinado. Así, es frecuente vernos convertidos en el mejor entrenador de fútbol diseñando una alineación, un gran médico recetando soluciones a los colegas o un excelente arquitecto que opina de la ideoneidad de las proporciones estéticas de cualquier edificio. Si no tiene consecuencias -no es bueno "recetar" a los colegas- no deja de ser un ejercicio de opinión y, en todo caso, de autoestima.

Todos queríamos haber visto en chirona al niñato de la agresión a la ecuatoriana y no ha sido así. Pero seamos sinceros, lo que tiene de excepcional este caso es el tratamiento mediático, las perfectas imágenes repetidas hasta la saciedad en televisión, opio del pueblo. Estadísticamente, sólo en Cataluña se registra una denuncia por actos xenófobos cada dos días y según la asociación SOS Racismo, que recogió 158 casos en 2006, 89 de ellos fueron agresiones. Sin ser un habilidoso matemático se puede calcular que en España se producen miles de ataques de este tipo al año. Aún así, si comparamos con otros países europeos o americanos, podemos asegurar que España no pertenece al grupo de países que ocupan los primeros puestos del deplorable ranking del racismo en el mundo. Lo triste es que no es difícil escalar posiciones en esta clasificación y si no ponemos remedios ya, los escalaremos en muy pocos años.

Sólo por eso, por ser un caso hiperdifundido mediáticamente, por el "escándalo" social que ha producido, el juez debería haber mandado a prisión a este energúmeno. Sin embargo, el juez no ha tenido en cuenta esta presión y entiende que al no existir riesgo de fuga y que el ataque es un hecho puntual y no una situación continuada, no debe decretar prisión preventiva. Pues bien, no puedo por menos que felicitarme de que haya jueces que actúen de esta manera, sin ser seducidos por la presión mediática. Creo que Eduardo Gómez, que así se llama el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha actuado de una forma valiente y honesta. Y le felicito por ello.

Como reflexión final a este asunto -y muy brevemente-, creo que el problema del racismo en España es aún un embrión. Hay que atajarlo ya y no esperar a que se desarrolle y se nos escape de la mano. Las medidas que pueden contribuir a ello no son sólo judiciales sino, fundamentalmente, de política de inmigración. Hay que diseñar un plan de acción, de "filtrado" de inmigrantes de manera que no pueda entrar aquí todo el que quiera sino el que venga a trabajar y quiera salir adelante honradamente. Y hay muchas formas de hacerlo, algo que ni el PP abordó en los ocho años que gobernó ni, por supuesto, el PSOE está haciendo en estos últimos años. Más bien al contrario pues con las "leyes Caldera" se ha producido un efecto llamada que ha identificado nuestro país con el paraíso del emigrante y, por desgracia, del delincuente también.

Sin embargo, el título de esta entrada se refiere más al tejemaneje judicial que estamos contemplando en los últimos días. La Justicia se está convirtiendo en un juguete que unos y otros utilizan en función de sus intereses. En las últimas semanas hemos asistido al bochornoso espectáculo de un Gobierno que toma una sorprendente decisión para romper en su favor el equilibrio del Tribunal Constitucional. Días después, como reacción, el Partido Popular recusa a otro puñado de jueces para contrarrestar la jugada del Gobierno (otro enlace).

No sé si la reacción del PP, aunque lógica, es correcta. La jugada del PSOE es reflejo de su catadura moral y digna de gobiernos bananeros. ¿La consecuencia? Todo nuestro sistema judicial, una vez más, puesto en entredicho. Ya hace tiempo que escribí cuál es mi opinión en materia de Justicia y de su aplicación pero lo recuerdo resumido: Necesitamos imperiosamente separar el poder judicial del ejecutivo. Hemos de convertir al poder judicial en una estructura independiente, que no se pliegue a los caprichos de ningún gobierno ni partido político. Los propios jueces piden alejarse del gobierno, sobre todo del ministro de justicia más absurdo y manipulador de los últimos años. Y, por supuesto, necesitamos cambiar nuestro código penal para endurecerlo y convertirlo así en una verdadera herramienta eficaz.

El bochornoso juego socialista

Resulta increible escuchar a todo un fiscal del Tribunal Supremo, ahora metido a Ministro de Justicia y muy original, por cierto, que las leyes en España han de ser aplicadas cuando "la jugada lo aconseje". Esta interpretación de la Justicia, y más viniendo de un supuesto profesional de la misma, no deja de ser inquietante. Podéis leer la vergonzosa declaración aquí.

Por otro lado es la confirmación más contundente de la forma de hacer política de todo un Gobierno que absolutamente siempre ha actuado en interés propio y nunca del pueblo español. La vergonzosa actuación de Garzón encarcelando ahora a la mesa de Batasuna es otra muestra más de esta relajada y subjetiva forma de entender la Ley.

Nada más llegar al gobierno, hace tres años y medio, Zapatero derogó todas las leyes que le resultaban incómodas o que le iban a dificultar sus alocados planes de futuro. Así, nos encontramos ahora en situaciones absurdas que no permiten, por ejemplo, expulsar a un inmigrante cuando delinque o impedir que un Presidente de una Comunidad Autónoma convoque un referendo secesionista... que no será ilegal precisamente por haber derogado la Ley que lo prohibía.

Este socialismo autocomplaciente y de conveniencia está destrozando nuestro país. Para que una nación pueda presumir de fortaleza, entre otras cosas ha de tener un sistema jurídico que lo vertebre y, a ser posible, con la mayor independencia del resto de los poderes. Cuando se utilizan las leyes en beneficio propio es muy difícil transmitir la imagen limpia e imperturbable que una democracia moderna debe irradiar. España es hoy un país turbio, en el que los ciudadanos vagamos sin confianza ninguna en la Justicia, en quienes la imparten y en las leyes que rigen nuestros destinos que, sabemos, quedan sometidos a los caprichos del Gobierno.

La Ley ha de erigirse en el instrumento que nos garantice protección ante el mal y la injusticia humana y ha de impartirse de forma firme y sin fisuras. En el 2004, sin ser un sistema perfecto, el poder judicial trabajaba con herramientas cada vez más perfeccionadas ante la delincuencia y el terrorismo. Y así es como hay que actuar, respetando y aplicando siempre la ley, sin plazos ni concesiones.

Lo que estamos viviendo con este Gobierno es vergonzoso... y descorazonador.

Reformas necesarias II

La Justicia y la Administración de la misma, en España, necesitan una reforma profunda y urgente, algo que el PSOE no tiene intención alguna de acometer y que tampoco emprendió el PP cuando gobernó. El código penal que arrastramos hoy, sí, arrastramos, data de 1995, de la última etapa del gobierno de González. No es antiguo, por tanto, pero se ha mostrado una herramienta inútil para el ordenamiento actual.

Vaya por delante que Tío Pop es un lego en la materia, en plena segunda acepción del vocablo según la Real Academia Española y que no es otra que "falto de letras o noticias". Así pues, lo que ahora escribo no es en absoluto técnico ni fruto del estudio o conocimiento, es el cabreo de un ciudadano "de a pie" que no entiende algunas cosas. Muchas cosas. Demasiadas cosas.

Es lógico pensar que si el código penal de 1995 no funciona haya que modificarlo. Así se ha hecho nada menos que en veinte ocasiones desde entonces. Tanto remiendo, seguramente necesario por el propio devenir de los acontecimientos, por el propio día a día, hace pensar que aún queda mucho por zurcir y este pobre código penal es más una pena que un código.

La tradición democrática española, por eso de que salíamos de un período absolutista, se esforzó en resultar garantista con el reo, con el infractor de la norma, con el ladrón, el asesino y el terrorista. Y digo yo que ha de ser así, por supuesto, pero nunca en detrimento de las garantías de quien no delinque. No podemos seguir consintiendo que robar y matar en España resulte "tan barato" como afirman las mafias extranjeras argumentando que nuestro país es un paraíso para ellos y así nos va. El endurecimiento de las penas es una necesidad. Si no es educativo o rehabilitante para el infractor, al menos es sedante y tiene una parte de consuelo para la víctima o sus familiares. No se puede consentir que una madre se enfrente en la calle al asesino de su hija apenas cuatro años después de enterrarla, o que se conceda la libertad a un violador múltiple con la certeza de que no está rehabilitado, o que un extranjero con dieciocho antecedentes por robos violentos siga deambulando por nuestras calles hasta que acaba matando al primero que se le cruza, o que...

Por un lado, por tanto, es necesario un código penal nuevo o una reforma profunda del mismo que endurezca las penas y que no contribuya, como el actual, a que nuestro país sea un edén para el delincuente. Pero tan importante o más es la reforma del Sistema Judicial y la Administración de Justicia.

Los jueces se quejan de que las leyes y códigos vigentes no les dejan hacer otra cosa. Nosotros nos quejamos de que ellos las apliquen de forma que los delincuentes, es frase manida, lo sé, entren por una puerta y salgan por la otra. Si los jueces no pueden ser más duros con los instrumentos que tienen en sus manos es evidente que hay que dotarles de otros instrumentos.

Y, de una vez por todas, el poder judicial ha de independizarse definitivamente del poder político. No se puede consentir que un Fiscal General del Estado actúe como una marioneta del Gobierno, impidiendo o favoreciendo los procesos judiciales en función de intereses políticos. No se puede consentir que existan "Jueces estrella", jueces mediáticos cuyo mérito es también servir a unas siglas, eso sí, con la Ley en la mano. No se puede consentir que el nombramiento de los jueces de un alto tribunal sea objeto de pactos o imposiciones entre partidos políticos.

Tras treinta años largos de democracia, ésta es aún muy joven y le queda mucho camino por recorrer. Pero no entrará en la madurez hasta que esta reforma judicial, tanto del código penal como del sistema de administración de la justicia, sufra una profunda reforma que lo endurezca y lo independice definitivamente.