La Justicia y la Administración de la misma, en España, necesitan una reforma profunda y urgente, algo que el PSOE no tiene intención alguna de acometer y que tampoco emprendió el PP cuando gobernó. El código penal que arrastramos hoy, sí, arrastramos, data de 1995, de la última etapa del gobierno de González. No es antiguo, por tanto, pero se ha mostrado una herramienta inútil para el ordenamiento actual.Vaya por delante que Tío Pop es un lego en la materia, en plena segunda acepción del vocablo según la Real Academia Española y que no es otra que "falto de letras o noticias". Así pues, lo que ahora escribo no es en absoluto técnico ni fruto del estudio o conocimiento, es el cabreo de un ciudadano "de a pie" que no entiende algunas cosas. Muchas cosas. Demasiadas cosas.
Es lógico pensar que si el código penal de 1995 no funciona haya que modificarlo. Así se ha hecho nada menos que en veinte ocasiones desde entonces. Tanto remiendo, seguramente necesario por el propio devenir de los acontecimientos, por el propio día a día, hace pensar que aún queda mucho por zurcir y este pobre código penal es más una pena que un código.
La tradición democrática española, por eso de que salíamos de un período absolutista, se esforzó en resultar garantista con el reo, con el infractor de la norma, con el ladrón, el asesino y el terrorista. Y digo yo que ha de ser así, por supuesto, pero nunca en detrimento de las garantías de quien no delinque. No podemos seguir consintiendo que robar y matar en España resulte "tan barato" como afirman las mafias extranjeras argumentando que nuestro país es un paraíso para ellos y así nos va. El endurecimiento de las penas es una necesidad. Si no es educativo o rehabilitante para el infractor, al menos es sedante y tiene una parte de consuelo para la víctima o sus familiares. No se puede consentir que una madre se enfrente en la calle al asesino de su hija apenas cuatro años después de enterrarla, o que se conceda la libertad a un violador múltiple con la certeza de que no está rehabilitado, o que un extranjero con dieciocho antecedentes por robos violentos siga deambulando por nuestras calles hasta que acaba matando al primero que se le cruza, o que...
Por un lado, por tanto, es necesario un código penal nuevo o una reforma profunda del mismo que endurezca las penas y que no contribuya, como el actual, a que nuestro país sea un edén para el delincuente. Pero tan importante o más es la reforma del Sistema Judicial y la Administración de Justicia.
Los jueces se quejan de que las leyes y códigos vigentes no les dejan hacer otra cosa. Nosotros nos quejamos de que ellos las apliquen de forma que los delincuentes, es frase manida, lo sé, entren por una puerta y salgan por la otra. Si los jueces no pueden ser más duros con los instrumentos que tienen en sus manos es evidente que hay que dotarles de otros instrumentos.
Y, de una vez por todas, el poder judicial ha de independizarse definitivamente del poder político. No se puede consentir que un Fiscal General del Estado actúe como una marioneta del Gobierno, impidiendo o favoreciendo los procesos judiciales en función de intereses políticos. No se puede consentir que existan "Jueces estrella", jueces mediáticos cuyo mérito es también servir a unas siglas, eso sí, con la Ley en la mano. No se puede consentir que el nombramiento de los jueces de un alto tribunal sea objeto de pactos o imposiciones entre partidos políticos.
Tras treinta años largos de democracia, ésta es aún muy joven y le queda mucho camino por recorrer. Pero no entrará en la madurez hasta que esta reforma judicial, tanto del código penal como del sistema de administración de la justicia, sufra una profunda reforma que lo endurezca y lo independice definitivamente.
