Si este blog, como indica su pretencioso título, es un espacio de debate permanente, tal vez debamos empezar a tratar temas que en la calle son una constante y que "nuestros mayores" silencian también de forma constante. Seguro que razones tendrán para ello pero nosotros, las bases, podemos permitirnos el lujo de opinar sin miedo a la segura metedura de pata. Y más en un espacio anónimo como este. Entiendo que cualquier contribución siempre es un nuevo matiz, un nuevo punto de vista que ayuda y aporta variedad.En sucesivas entradas (no prometo frecuencia pero intentaré no demorarme demasiado) trataré diversos temas que, según mis cortas entendederas, son cuestiones pendientes en la agenda de nuestro ejecutivo, de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. El orden es aleatorio, no es más importante el primero que los sucesivos. Os invito a que debatáis sobre ellos, a que os sintáis libres de aportar vuestra visión personal. Incluso a que aportéis vuestros propios temas.
Y comienzo, por ejemplo, por el SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL. Es cierto que el tratamiento y el desarrollo de las jornadas electorales en España son un ejemplo democrático imitado en muchos otros países. Si no habéis participado en ningún proceso electoral "desde dentro" os invito a que lo hagáis como interventores o apoderados. Es una experiencia muy gratificante y ayuda a creer en la democracia, os lo aseguro.
Pero, si nuestra LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 1985, modificada en sucesivas ocasiones: 1987, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, y, previsiblemente, las que le quedan...) no deja escapar ningún aspecto y es un ejemplo de constante evolución democrática, no es menos cierto que existe otro planteamiento paralelo que cuestiona muchos principios.
Y me explico. A nadie le escapa que la llamada transición fue un momento esencial en el desarrollo de nuestra democracia, fue su nacimiento mismo. El gran papel que entonces jugaron Adolfo Suárez e, incluso, el entonces reciente Rey Juan Carlos I, fue fundamental en esos primeros años. La voluntad de consenso fue esencial y la necesidad del mismo también. Pero hoy algunas de estas necesidades ya no lo son y no deberían mantener su vigencia ya que, incluso, constituyen un freno a nuestro desarrollo democrático.
Si entonces salíamos de un largo período de totalitarismo y la voluntad de aquellos políticos fue la de aunar y que ninguna minoría pudiese sentirse al margen del proceso, hoy no podemos permanecer hipotecados precisamente por ese protagonismo impropio de las minorías.
No tiene ningún sentido que partidos minoritarios y regionalistas disfruten de más peso y escaños que otros de implantación nacional y muchos más votos. El meollo de la cuestión aparece en los artículos 162 y 163 de la mencionada LOREG. En el primero se establece una complicada relación provincial de reparto de los escaños nacionales en función de la población de cada provincia. El art. 163 corresponde a la aplicación pura y dura de la ley de proporcionalidad de D'Hont para la atribución de los escaños dentro de cada provincia. Especialmente interesante es el epígrafe a) de este artículo 163 que estipula que "no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción".
Si este criterio es válido para una circunscripción, ha de serlo también para el cómputo de todo el territorio nacional que no es otra cosa que una gran circunscripción. La aplicación de esta regla sería significativa: en las elecciones del 2004, sólo CiU hubiera pasado esta criba (3,23% de los votos nacionales) pero partidos como ERC (2,52%, 8 diputados) o PNV (1,63%, 7 diputados), no tendrían representación en el hemiciclo. Para que las lindas posaderas de un diputado descansaran sobre un escaño de la Carrera de San Jerónimo harían falta muchas coaliciones entre estas minorías y sólo podrían lograrlo en grupos mixtos que, entonces sí, se acercarían más a la voluntad real del electorado español (repasad el resultado de las últimas elecciones generales desde esta óptica).
Como decía más arriba, no parece lógico que partidos de ámbito regionalista puedan restar representación a otros de implantación nacional. Especialmente sangrante le parecerá a los votantes de IU que con prácticamente el 5% de los votos nacionales sólo consiguieran 5 diputados. Al menos a mí me parece un escándalo. El Congreso de los Diputados es una cámara nacional y en ella han de sentarse los que los españoles decidamos en todo el territorio. Las minorías habrán de tener su protagonismo en los respectivos parlamentos autonómicos, que para eso están, pero nunca pueden erigirse en árbitros de la política nacional, como viene sucediendo en la actualidad. La inmensa mayoría del electorado español no quiere que su voto se vea cautivo de estas minorías.
Como veis, sólo me he centrado en este único aspecto pero el sistema electoral español también está necesitado de otras muchas reflexiones a propósito de otras tantas cuestiones: ¿Debe gobernar siempre el más votado? ¿Son "lícitas" las coaliciones postelectorales que relegan a la opción más votada a la oposición? ¿Deberían implantarse las listas abiertas? ¿Es más justo un sistema de primarias en el que se van eliminando los menos votados en sucesivas vueltas como estamos viendo en estos días en nuestros vecinos franceses?