Cuando empecé con la serie de “Reformas necesarias” no podía imaginar que nuestro modesto blog tuviese la influencia que ha demostrado. Nuestros popes en Génova están deseosos de leer cuanto aquí publicamos para transcribirlo fielmente en sus idearios y volcarlo en sus discursos políticos. Está claro que pertenecemos a la crème de la crème, creamos opinión…Bien, después de este humorístico autobombo debo reconocer que me ha satisfecho sobremanera leer esta noticia que parece plenamente coincidente con lo que expresábamos en el post del pasado 5 de mayo y que estrenaba esta serie. Espero que el resto de “Reformas necesarias” que en estas páginas estamos desgranando sean también una prioridad para nuestros dirigentes populares. Desde aquí se lo recordaremos cuantas veces resulte necesario, que no serán muchas porque, es evidente, nos leen a diario.
La reforma que hoy quiero tratar es la de la EDUCACIÓN y el sistema educativo en España. Y no hace falta un gran análisis para determinar que es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia.
La Educación es uno de los pilares básicos de la sociedad y así lo han entendido los distintos gobiernos democráticos –o no- de nuestro país. El control del sistema educativo, junto con el de los medios de comunicación, es la mejor herramienta para formar y deformar a la sociedad y, por tanto, manipularla al antojo de los gobernantes. La obsesión por este control ha generado un largo rosario de leyes en España que, lejos de mejorar la situación, cada vez la retuercen y complican más.
Mi especialidad no son los temas jurídicos pero creo recordar que las principales leyes que han tratado de regular el sistema educativo español –desde los últimos años del régimen franquista- han sido la LGE (Ley 14/1970 de 4 de agosto, Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa), la LODE (Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación), la LOGSE (Ley 1/1990, de 3 de octubre, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), la LOPEGCD (Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes), la LOCE (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, Ley Orgánica de Calidad de la Educación) y la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación).
Esta sucesión de leyes, y otras de rango menor, ha originado que cada pocos años se haya producido un cambio en el sistema educativo que ha conducido a su inevitable desestabilización. Así, nos resulta difícil comprender en qué curso están nuestros hijos cuando tenemos que realizar una compleja equivalencia entre E.S.O., B.U.P., C.O.U., P.R.E.U., Bachilleratos, Reválidas, Selectividad, Educación Primaria, Secundaria… o la madre que los parió.
Pero esto, aunque enredoso, no es lo verdaderamente importante. En realidad resulta indiferente cómo se llame el grado que cursa nuestro vástago, mientras los contenidos sean los apropiados.
No quiero entrar a valorar aspectos tan suculentos como la tristemente famosa y actual asignatura de Educación para la Ciudadanía, ni lo positivo o negativo aportado por las distintas leyes antes mencionadas. Este análisis, que es sin duda apetecible y esclarecedor, lo dejo para los que leáis estas líneas si os apetece. Por mi parte sólo quiero dejar constancia de dos aspectos que entiendo fundamentales y que, desde mi punto de vista, son las claves de esta “Reforma necesaria”.
En primer lugar creo que es INDISPENSABLE que las transferencias en materia de Educación sean derogadas y el sistema educativo sea único y estable en todo el territorio nacional. No podemos consentir que los niños de las distintas comunidades autónomas sean educados a conveniencia de los regionalismos excluyentes reinantes y que, según su situación geográfica, aprendan que el Ebro nace en tierras extrañas o que Navarra es la región más antigua de Euskadi,
Y en segundo lugar, algo que es verdaderamente necesario, es un PACTO en materia educativa entre, al menos, los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional. No podemos seguir con leyes impuestas por media España a la otra media y que, sistemáticamente, sean derogadas a los pocos años de su vigencia. Si queremos un sistema educativo fructífero debemos desarrollar un marco estable y que se prolongue en el tiempo sin más cambios que los que la propia dinámica social vaya demandando.
La consecuencia de una gestión educativa errática como la que arrastramos desde hace tantos años se manifiesta en la pérdida constante y paulatina de prestigio de nuestras Universidades. No sólo los jóvenes llegan a ellas con peor preparación y enormes diferencias según la autonomía de origen, sino que los titulados que de ellas salen, los que gozaban de prestigio en Europa y el resto del mundo, hoy son “titulados del montón”. Debemos tratar de invertir esta marcada tendencia.
En definitiva las dos ideas expuestas, el pacto educativo y la uniformidad educativa nacional, son los dos aspectos que entiendo deben ser desarrollados necesariamente y en el menor plazo de tiempo para conseguir una mejora sustancial del sistema educativo español.
